Por Miguel Durán
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Un juzgado civil de Tucumán condenó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al Club Atlético San Martín de Tucumán, al Gobierno de esa provincia y a una compañía de seguros, a indemnizar a los padres de un hincha de Talleres asesinado, hace más de 13 años, por un barrabrava tucumano.
El fallo fue dictado el jueves último por el Juzgado Civil y Comercial N° 3, a través de la Secretaría de Concurso, donde está radicada la quiebra del Club San Martín.
"Era la segunda vez que Hernán Roque viajaba afuera a ver a Talleres. Tenía 17 años y fue con un tío, yo no estaba, pero mi cuñado me contó que eran las 13 cuando llegaron a Tucumán y le pidió al chico que fuera a buscar una gaseosa. Nunca pudo regresar, me lo mataron. Fue el 18 de abril de 1993", recuerda Marcelo Villarroel, padre del adolescente asesinado.
A su lado, Teresa Zárate, la madre del muchacho, no pronuncia palabra. Su rostro tiene las marcas imborrables del dolor que no cesa.
La tristeza embarga a Villarroel a pesar de que la vida le dio otros tres hijos y que la muerte le arrebató a Hernán hace más de 13 años.
Cuenta que unos villeros de la barra brava de San Martín empezaron a disparar contra los simpatizantes de Talleres y a lo único que atinó Hernán "fue a salir corriendo, giró a la derecha y se encontró con un vallado. No pudo seguir y cuando se volvió le pegaron un tiro en el pecho que le atravesó la aorta... se murió ahí nomás".

Homicida condenado
El asesino, identificado como José Humberto Cabrera, fue detenido y en octubre de 1995 fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
"Es un tipo muy pesado, lo buscaban por otros 15 hechos, hasta le había quemado el rancho a una viejita", describe Juan José Saavedra, el abogado de la familia que en el juicio penal se constituyó en querellante y reclamó la indemnización.
Cuenta Saavedra que el proceso se extendió muchos años porque el caso llegó a la Suprema Corte de Tucumán que remitió el expediente a una Cámara en lo Contencioso. "Como uno de los demandados era el Club San Martín, finalmente la causa quedó radicada en el juzgado civil de la quiebra", explica el abogado.
El matrimonio Villarroel accionó civilmente contra el asesino de su hijo (hoy excarcelado y en libertad condicional), la AFA, el Club Atlético San Martín, el Gobierno de Tucumán y la Cooperativa Limitada de Seguros El Centinela.
Al analizar los antecedentes, el tribunal considera que la responsabilidad de cabrera queda probada con la condena en sede penal.
A pesar de las oposiciones de las demandadas, se consideró que tanto San Martín como la AFA eran "organizadores del evento deportivo" y entre las pruebas presentadas se tuvo en cuenta una orden de servicios de la que surge la "contratación de policías para la custodia y seguridad del partido". También se aludió a las "planillas de recaudación y liquidación de gastos y utilidades de las que se infiere que tanto el club concursado como la AFA han obtenido utilidades del encuentro deportivo".
"La AFA, por integrar el aparato organizador del espectáculo, es responsable del daño que pueda sufrir un espectador y en consecuencia, debe resarcir el daño causado por la violación del deber de seguridad. Y esa responsabilidad es solidaria con el club organizador", agrega el dictamen judicial
Por los mismos fundamentos, "y en razón de haberse incluido a la AFA como responsable solidaria, la condena deberá hacerse efectiva a la citada en garantía El Centinela Cooperativa de Seguros Limitada en la medida de la cobertura contratada".

Responsabilidad provincial
El último punto al que se refiere el fallo es a la responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Tucumán. Al respecto, se puntualiza que el estado que debe promover el bienestar general y proteger a sus habitantes "tiene en ejercicio de su poder de policía la obligación de brindar seguridad a los mismos. Y cuando se trata de espectáculos públicos con concurrencia masiva de gente, el Estado debe asegurar el orden público y garantizar la integridad física de los asistentes, aunque para ello deba restringir la actividad de ciertos sujetos y aun en ocasiones, reprimir la violencia".
Al responsabilizar al Gobierno tucumano, se hizo especial hincapié en que la muerte del joven Villarroel "se produjo antes de que la Policía llegara a cubrir la seguridad. Los hinchas estaban en su lugar y fueron agredidos sin que exista policía alguno para prevenir inconvenientes pese a las características del encuentro".
Se considera, además, que "se había subestimado la peligrosidad del encuentro, ya que con posterioridad se diagramó un operativo superior para controlar la seguridad".
En la resolución no se hace lugar a la defensa de "falta de acción" interpuesta por todos los demandados y se hace lugar a la petición del matrimonio Villarroel. Se fijó el pago de una indemnización de 314.907 pesos que, actualizados y con intereses, oscilaría en cerca del millón de pesos.