A fines del año pasado, los abogados de Ateliers, Cristian García Limuli y Bernardo Bass, presentaron en la Cámara 3ª un pedido de apartamiento del juez Carlos Tale, debido a que habría incurrido en un adelanto de criterio. La medida no avanzó lo suficiente como para recusarlo, pero a partir de ahí, el magistrado comenzó a tener una persecución mediática notoria. Desde que está al frente de la causa Talleres, tuvo que soportar pedidos de Jury, denuncias y otras acusaciones de la misma índole jurídica.

También en diciembre pasado, un informe presentado por el fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, motivó a que la jueza de control Ana María Lucero Offredi lo citara a Tale a declarar, por denuncias de “Administración fraudulenta” y por “Falsedad ideológica”, tanto para él como para el fideicomiso (en aquel entonces, compuesto por José Preve, Mario Sarrá y Jorge Nasser) y el gerenciador Carlos Granero. La acusación llegó por parte de los ex presidentes de Talleres, Egidio Heyd y Miguel Srur. Aunque el destino le volvió a sonreír al magistrado: hace menos de dos meses, fue sobreseído de esos cargos, y contraatacó con todo, ya que presentó en Tribunales II una denuncia penal contra ex dirigentes del club (en especial, Carlos Dossetti) y el empresario Jorge Petrone. Y a los días, comenzó a adelantar la salida de la gerenciadora, cuyo vínculo culminaba el 30 de junio, es decir mañana.

El Tribunal Superior de Justicia obligó al juez a no emitir más declaraciones, debido a que posee siete notificaciones de “Inconductas éticas”. Con el pedido de apartamiento de hoy, ahora Tale tiene otro escollo por delante, uno más desde que asumió como síndico del club en 1991.

Hasta ahora, siempre quedó de pie.