La gerenciadora de Ahumada estudia una denuncia, por adulteración de documentos, contra el juez Carlos Tale. “Se trata de un hecho extremadamente grave”, adelantó uno de los abogados del gerenciamiento, Juan Vila.

Talleres dejó de ser noticia en el ámbito deportivo con el descenso al torneo Argentino A. Sin embargo, en el aspecto judicial, todos los días suma aristas, muchas de naturaleza controversial. Los abogados de Ateliers pidieron copias de los últimos movimientos del juzgado de 13ª Nominación a cargo del juez Carlos Tale, quien entiende sobre la quiebra de Talleres, y tienen en mente una denuncia que pondría en riesgo la continuidad del magistrado no solo en la causa, sino en sus funciones, de acuerdo a sus interpretaciones.

El gerenciador Carlos Ahumada salió fortalecido tras la resolución de la Cámara 3ª, que lo mantiene en su proceso al frente de Talleres, hasta que no haya novedades sobre la famosa facultad de prórroga de continuidad. Y sigue atacando. Juan Vila, asesor letrado de Ateliers dio su impresión sobre la presentación que planea. “Se trata de un hecho extremadamente grave, de las más variadas connotaciones. Yo no litigo por los medios, sino en Tribunales. El derecho tiene muchos vericuetos. Nunca estuve en inconvenientes de semejante naturaleza, nunca pedí recusación de jueces, pero esto es muy grave”, adelantó a LA MAÑANA.

Básicamente, la historia que describen los abogados de la gerenciadora tiene fecha el miércoles 23 del corriente, dando cuenta que en el expediente apareció la sentencia del juez, que avanza con el remate del predio, previsto para el 7 de agosto. La fecha de la sentencia data del lunes 21, y declara inconstitucional la ley provincial 9584, que impide subastas de inmuebles de entidades deportivas.

Y los abogados aducen que el martes 22, no figuraba en ventanilla ninguna resolución de ese tipo. Y argumentan que la Cámara está de testigo de que el martes no había ninguna sentencia sobre el complejo deportivo. “Sancionada la resolución de la Cámara, se le prohíbe al juez avanzar en el remate, taxativamente, no tiene facultades de ningún tipo”, aclaró Vila.

Las demás pruebas que Ateliers pretende exponer es que hay hojas que no fueron foleadas, y que están alterados los órdenes de las publicaciones. Se trataría, en principio, de una adulteración documental en el Tribunal. De comprobarse esa irregularidad, toma fuerza la posibilidad de pedir el apartamiento de la causa del juez, y hasta podría tener mayores alcances, como el despido de sus funciones.

¿Cómo sigue la historia? Desde la gerenciadora plantearán en su descargo, la semana entrante, que Tale perdió la imparcialidad en el proceso de quiebra de Talleres, y que revela una falta de neutralidad notoria en el proceso. “Es evidente que al adelantar criterios de la situación y en la forma en que lo hizo, hay pérdida de objetividad. Todo eso está siendo evaluado”, agregó Vila.

La compulsa jurídica en Talleres no terminó con la continuidad de Ahumada, y sigue sumando nuevos capítulos. No hay un día de paz en barrio Jardín.

“Ignorancia”. Juan Fernández Alé, abogado defensor del juez Carlos Tale, evitó hacer mayores declaraciones sobre la nueva acusación de Ateliers y sólo se limitó a decir que “esto demuestra una ignorancia supina, y una falta de conocimiento total y absoluta del expediente de la quiebra. La sentencia del juez esta protocolizada, en su debido tiempo y forma, siguiendo la orden del día, con el dictamen correspondiente. No puedo decir más”, dijo a LA MAÑANA.

Ayer, Fernández Alé mantuvo una reunión con otros asesores para delinear los pasos a seguir. Y dejó en claro que habría pronunciamiento al respecto.